La Comisión Europea avisó al menos 5 veces de que Sánchez podía bajar la factura de la luz

El Gobierno puede frenar el alza de los precios de la luz o aligerar el importe final de la factura que pagan los españoles. Así se lo hizo saber Bruselas en reiteradas ocasiones a los eurodiputados españoles a través de distintas respuestas por escrito a las que ha tenido acceso OKDIARIO.

Durante meses, el Ejecutivo socialcomunista se resistió a bajar el IVA de la luz, entre los más altos de Europa (21%). No fue hasta junio que el Gobierno accedió a aprobar una rebaja al 10%, que sólo afecta a los consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kW. Una medida trampa que deja fuera hasta al 85% de la hostelería y que sólo se mantendrá hasta finales de año.

Pese a las críticas, el Ejecutivo se resistió a bajar el IVA en momentos especialmente complicados, como ocurrió durante la tormenta ‘Filomena’, cuando el precio de la luz alcanzó también cifras de récord. La ‘excusa’ era que Bruselas no lo permitiría porque, según reiteró la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «no estaría en la línea con lo que se marca por parte de Europa». «España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que se hace de forma abusiva o excesiva, respecto al IVA reducido o superreducido», alegó la entonces portavoz.

Sí se puede bajar el IVA

Esa afirmación choca en cambio con la postura de la UE. En una respuesta por escrito firmada por la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, se destacaba que «sí que es posible aplicar tipos diferentes a este tipo de suministro, siempre que se respete el principio de neutralidad fiscal».

En la misma línea, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, respondió rotundo en otra ocasión que «el artículo 102 de la Directiva del IVA permite a los Estados miembros aplicar un tipo impositivo reducido del IVA a las entregas de electricidad, previa consulta del Comité del IVA». «De hecho, Portugal ha efectuado recientemente una consulta a este Comité relativa a una reducción selectiva para las gamas de bajo consumo. Croacia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Malta son otros Estados miembros que están aplicando, total o parcialmente, tipos reducidos del IVA a las entregas de electricidad», expuso, en dos ocasiones, a los parlamentarios españoles.

Sólo al final de su respuesta, y tras dar manga ancha a países para ajustar sus impuestos beneficiando así a los consumidores, Gentiloni señalaba que «un uso excesivo de los tipos reducidos puede perjudicar la recaudación de los Estados miembros». Esa respuesta -a pregunta de los eurodiputados del PP Antonio López-Istúriz y Dolors Montserrat- está fechada el 30 de marzo, tres meses antes de que el Gobierno de Sánchez accediese al fin a la rebaja.

En mayo, la Comisión Europea confirmaba que «el impuesto especial español sobre el consumo de electricidad de los hogares está muy por encima del mínimo de la UE establecido por la directiva sobre fiscalidad de la energía». Y remarcaba que «los Estados miembros son libres de determinar los tipos de impuestos especiales por encima de estos mínimos, en función de sus necesidades nacionales».

Por si quedaban dudas, la comisaria Simson añadía en otra extensa respuesta a parlamentarios españoles: «España puede aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a los hogares» y «puede impulsar reformas, siempre que estén en consonancia con los principios y normas acordados a nivel de la Unión».

Proteger a los ciudadanos

En otra respuesta más reciente, a pregunta también de Dolors Montserrat, la Comisión Europea corrobora que «los Estados miembros pueden aplicar algunas salvaguardias, como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables, en determinadas condiciones, y conceder derechos a los clientes respecto a los contratos con precios dinámicos».

La Comisión Europea ha dejado reiteradamente sin excusas al Gobierno ante su inacción con la factura de la luz. La última vez, esta misma semana, cuando, a preguntas de OKDIARIO, fuentes comunitarias confirmaron que «España puede modificar las normas nacionales aplicables al sector eléctrico, siempre que los cambios se ajusten a las normas del mercado interior de la UE».

Sólo unas horas antes, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había tratado de esquivar de nuevo las responsabilidades, culpando a Bruselas de no querer cambiar el modelo de fijación de precios.